Aunque los problemas de la ciudad son múltiples, el de la inseguridad ciudadana representa uno mayor, que depende de factores internos y externos, y demanda estrategias especiales. El nivel actual de inseguridad es producto de una tolerancia institucional perversa, que creció con los años, reflejada en la altísima impunidad. Se ha abandonado a la comunidad, protegido al delincuente y dejado crecer el monstruo.

Las estadísticas de Cúcuta son escalofriantes: 308 homicidios en 2022, y miles de delitos de mediano y bajo impacto. La percepción ciudadana es de impotencia. El problema lo aceleran la violencia del Catatumbo, derivada del narcotráfico, y también las diversas formas de criminalidad que produjo el cierre de frontera. Fenómenos colaterales, como el microtráfico, la drogadicción y la indigencia incrementan el temor ciudadano.

Recuperar la seguridad de los cucuteños, implica un trabajo arduo y esquematizado, que parta de la realidad sociológica y procure de manera progresiva, con metas de corto, mediano y largo plazo, disminuir al máximo la criminalidad. Lo primero es entender que este problema exige una coordinación interinstitucional que debe liderar el Alcalde, porque tiene constitucionalmente la responsabilidad de la seguridad a nivel municipal.

Por lo anterior, su relación con la Fuerza Pública, trátese de la Policía o eventualmente del Ejército, debe ser óptima. El ideal es contar con comandantes eficientes y comprometidos con la defensa ciudadana. Las acciones deben ser permanentes y planificadas con inteligencia, no solo para que actúen el cuerpo élite o el comando de operaciones especiales, sino todas las unidades, y los resultados deben medirse semanalmente, categorizando delitos y focalizando zonas, días y horas de ocurrencia.

Otro eslabón es el Poder Judicial, es decir, fiscales, jueces de garantía y CTI. La Alcaldía debe construir también la mejor relación posible con estos segmentos de la justicia, haciendo seguimiento constructivo a su dinámica. De nada sirve que la Policía capture unos ladrones en flagrancia, o que el CTI dé con unos homicidas, si la justicia penal los suelta con cualquier excusa procedimental al poco tiempo.

Dada la complejidad fronteriza, un cuarto elemento es necesario: que los dos gobiernos se comprometan a combatir las bandas irregulares. No olvidemos que el cierre les permitió controlar un mercado ilegal que superaba los 400 millones de dólares anuales. Esa criminalidad golpea a Cúcuta.

De manera que Alcaldía, Fuerza Pública, Poder Judicial, y compromiso binacional constituyen los pilares para recuperar la seguridad ciudadana. Este esquema tiene que doblegar dos puntos: en primer lugar, los excesos del garantismo individual. El procedimiento penal otorga múltiples concesiones al delincuente, permitiendo dilaciones, malabares de abogados y hasta vencimiento de términos. Por ‘proteger’ al individuo delincuente no se defiende a la sociedad. Es posible garantizar el debido proceso sin extirpar las garantías societarias. Esta visión del garantismo individual se exagera más todavía en tratándose de menores infractores. Cúcuta, como enfermo terminal, no aguanta más este desequilibrio entre garantías individuales y garantías colectivas.

Un segundo aspecto se refiere a las facetas de la pena: el castigo y la rehabilitación. Nadie está exento de errar, y una segunda oportunidad debe concederse. Pero en este sentido, con opciones que la pena contempla para rebajarse, por estudio, trabajo o buen comportamiento, no puede desaparecer el castigo por el delito cometido, porque el mensaje a la sociedad termina incubando más delito. Hay que mantener el equilibrio entre la pena-castigo y la pena-rehabilitación.

Ahora bien, si ese esquema Alcaldía, Fuerza Pública, Poder Judicial y compromiso binacional no funciona, ¿cuál sería la salida?

A pesar de la retórica garantista individual, habría que defender el instinto de conservación de la sociedad o, mejor, el concepto de legítima defensa colectiva, entendido con carácter preventivo. Este complejo tema, que nos recuerda la filosofía de Spencer, merece la mejor serenidad para otra columna. Por ahora, pensemos en que la Alcaldía sería capaz de liderar esa coordinación interinstitucional y la seguridad de los cucuteños se recuperaría.